¡Síguenos!Al participar en las mesas de debate “La Legislación Mexicana de Educación Superior” que tuvieron lugar en la antigua sede del Senado y que fue convocada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación Superior, el rector de la UPAEP, Emilio José Baños Ardavín destacó que es imperativo proponer esquemas de formación de profesionistas comprometidos con su entorno.
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En estas mesas de diálogo, senadores, autoridades educativas y rectores de universidades públicas y privadas compartieron sus posturas a fin de que las leyes del país integren una legislación y una política pública que responda a las necesidades educativas del país.
Entre las coincidencias, los representantes de las distintas universidades y funcionarios públicos destacan la urgencia de una legislación que regule la actividad académica en el nivel superior que cumpla con los requisitos de flexibilidad, impulso a la investigación y la movilidad internacional de alumnos y profesores.
A este respecto, el Mtro. Baños Ardavín manifestó que es momento de reconocer este aporte que las instituciones particulares hacen a la educación superior para así encausar los objetivos que se tienen como nación, pues son estas Instituciones las que han demostrado estar comprometidas con la formación de personas interesadas en los problemas sociales a través de una oferta educativa pertinente y de calidad.
Dijo que es necesario trabajar en un concepto renovado, un cambio en la legislación que no afecte las estructuras del sector público, ya que se está dando “una falsa promesa que pudiera traducirse como un fraude a las familias que depositan su confianza en este tipo de instituciones”, por lo anterior, solicitó que se designe una especie de RVOE institucional a fin de que éstas practiquen una gestión responsable.
Asimismo, denunció que existe discriminación por parte del Gobierno Federal al brindar apoyos en la investigación, pues a proyectos tecnológicos en los que participan escuela públicas se les otorgan hasta 6 millones de pesos anuales, mientras que las aportaciones a instituciones privadas se reducen hasta en 300 o 500 mil pesos al año.
