El gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta, busca convertir la Secretaría General de Gobierno (SGG) en Secretaría de Gobernación y a la Contraloría en Secretaría de la Función Pública.

Así lo establece la iniciativa para la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, que el viernes se presentará en el Congreso del estado para que se apruebe antes del 1 de agosto, cuando asuma la gubernatura el excandidato de Juntos Haremos Historia.

El proyecto de ley –al que tuvo acceso e-consulta- propone ampliar de 12 a 17 las secretarías de estado, ya que cuatro que actualmente existen se van a dividir y se creará una nueva.

La administración pública para el periodo 2019-2024 incluye la creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva para atender temas de género, así que sustituiría a lo que actualmente es el Instituto Poblano de las Mujeres.

La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) se piensa separar en Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Administración.

La actual Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) daría lugar a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Economía.

Habría una Secretaría de Cultura y otra de Turismo, que serán resultado de la separación de la que actualmente une ambos rubros.

La Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transportes (SIMT) pasará a dar vida a la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Movilidad y Transporte.

En tanto se mantendrán la Secretaría de Desarrollo Rural, la de Salud, Educación y la Secretaría del Bienestar.

También continuarán la Secretaría de Seguridad Publica, mientras que la de Medio Ambiente agrupará también Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial.

La iniciativa de ley para concretar la nueva administración pública será presentada el viernes en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del estado.

Posteriormente se turnará a comisiones para que sea aprobada, ya que se convocará a una sesión extraordinaria del pleno para ponerla a votación de los 41 diputados y se apruebe por los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia antes del arribo de Barbosa Huerta a la gubernatura.

El capítulo II del proyecto de ley establece la adscripción de tres unidades administrativas para el gobernador: la Secretaría Particular, la Consejería Jurídica y la Oficina del Gobernador.

La primera coordinará la agenda diaria, la agenda de relaciones públicas y asuntos nacionales e internacionales, el calendario de giras, el protocolo y el control de la documentación.

La segunda se encargará de representar legalmente al estado y el mandatario en todo tipo de juicios, procedimientos, recursos, acciones y controversias en las que intervenga con cualquier carácter o tenga interés.

La última a su vez le auxiliará directamente con las funciones de apoyo técnico, asesoría y coordinación que se requieran, en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.

En los considerandos de la iniciativa se afirma que a pesar de que aumentarán las dependencias no elevarán el presupuesto de manera excesiva.

“Se busca que este nuevo diseño gubernamental no impacte en términos presupuestales, sino que se haga más y mejor con el mismo recurso, buscando no sólo hacer más eficiente el manejo del gasto público, sino maximizar las funciones de cada dependencia y evitar duplicidades y gastos excesivos”, sostiene el texto.

También se presume que la restructuración de la administración tiene “una visión progresista, para alcanzar un gobierno moderno”.

El tercer artículo transitorio prevé la reorganización que ya ha anunciado Barbosa Huerta, pues señala que, tras la entrada en vigor de la ley, el gobernador “podrá reorganizar la estructura de las dependencias creando, fusionando, escindiendo o disolviendo las unidades administrativas y oficinas necesarias”.

Indica además que “deberá crear las nuevas dependencias trasladando o creando las nuevas unidades administrativas y oficinas que resulten necesarias, realizando las adecuaciones presupuestales de conformidad con lo estipulado en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal que corresponda”.

La Ley Orgánica impulsada por Barbosa Huerta está conformada por 78 artículos reunidos en cinco títulos y con ella se busca remplazar a la ley vigente, promulgada en 2011.

Los cambios de fondo se encuentran en los dos primeros títulos: el de las Disposiciones Generales y el de la Administración Pública Centralizada.

Los títulos de la de la Administración Pública Paraestatal, de la Participación Ciudadana y de los Tribunales Administrativos prácticamente son una transcripción de la ley vigente y únicamente se fusionan o cambian de orden algunos artículos.

En los 12 artículos transitorios que se plantean, se establece que las secretarias que se dividan lo harán junto con sus recursos financieros, humanos y materiales.

También fija un plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de la ley, para que el gobernador decrete los nuevos reglamentos que regirán a las dependencias.