¡Síguenos!El juez Leo Sorokin concluyó que la administración Trump excedió sus facultades.
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Un juez federal estadounidense bloqueó este lunes la política impulsada por el gobierno de Donald Trump que imponía una tarifa de 100 mil dólares a las nuevas visas H-1B destinadas a trabajadores extranjeros altamente cualificados, al considerar que dicho cobro carece de sustento legal.
La decisión fue emitida por el juez Leo Sorokin, quien resolvió a favor de una coalición integrada por 20 estados que impugnó la medida. En su determinación, dada a conocer este 8 de junio, el magistrado sostuvo que la administración Trump “se extralimitó” al establecer el cobro sin contar con autorización del Congreso.
La tarifa había sido anunciada en septiembre por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien argumentó que la medida buscaba que las grandes empresas tecnológicas y otras corporaciones dejaran de capacitar a trabajadores extranjeros y otorgaran mayores oportunidades laborales a ciudadanos estadounidenses.
En un fallo de 42 páginas, Sorokin calificó el cobro de 100 mil dólares como una imposición. La demanda fue encabezada por el estado de California, considerado el principal centro tecnológico de Estados Unidos y uno de los territorios con mayor presencia de empresas que utilizan el programa de visas H-1B.
Las visas H-1B fueron creadas por el Congreso de Estados Unidos en noviembre de 1990, cuando el entonces presidente George H. W. Bush promulgó la Ley de Inmigración. Actualmente existe un límite anual de 65 mil visas, además de 20 mil adicionales reservadas para extranjeros que cuentan con una maestría estadounidense o un grado académico superior.
La medida también generó preocupación entre especialistas en inmigración. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió previamente que el cobro podría impactar no sólo al sector tecnológico, sino también a industrias como la agrícola, la médica y la de energías renovables.
Por su parte, Shev Dalal-Dheini, directora de Relaciones Gubernamentales de AILA, criticó la propuesta presentada por Lutnick y afirmó que fue diseñada “para crear el mayor caos posible”.
Asimismo, abogados de inmigración expresaron inconformidad por la limitada información proporcionada por la Casa Blanca respecto a la aplicación de la tarifa, los posibles criterios de exención y los alcances para los nuevos solicitantes.
