El Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de seis migrantes fallecidos en un enfrentamiento con soldados del Ejército Mexicano en Villa Comaltitlán, municipio de Huixtla, Chiapas. Las víctimas, originarias de Egipto, El Salvador y Perú, perdieron la vida durante un operativo militar. La solicitud fue presentada por el senador del PAN, Mauricio Vila, durante la sesión plenaria.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y condenó el incidente. "Nos solidarizamos con los familiares de estas personas fallecidas de países hermanos, y reconocemos el esfuerzo que ha anunciado el gobierno federal para brindar apoyo a las familias y la pronta respuesta de la Fiscalía para esclarecer este lamentable hecho", declaró Noroña en el Senado.

Los trágicos eventos ocurrieron cuando soldados del Ejército Mexicano abrieron fuego contra un grupo de migrantes tras presuntamente haber escuchado disparos. El ataque resultó en seis muertes, incluidas las de una niña, una mujer y cuatro hombres, además de dejar a 16 personas heridas. El uso de la fuerza militar en este contexto ha generado amplias críticas y preocupación.

El senador del PAN, Ricardo Anaya, expresó dudas sobre la información oficial proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y criticó el papel de los militares en la seguridad pública. "Este es el resultado de involucrar a los militares en tareas de seguridad pública, lo cual trae graves consecuencias cuando se trata de civiles en tiempos de paz", afirmó Anaya.

Anaya enfatizó que los soldados utilizaron armas largas contra los migrantes por un simple exceso de velocidad y presuntos disparos, hiriendo a 16 personas y causando la muerte de una niña, una mujer y cuatro varones. Estas declaraciones provocaron la rápida respuesta de Fernández Noroña, quien rechazó debatir el tema en la sesión y negó que el país esté siendo militarizado.

El incidente ha reavivado el debate sobre la militarización de la seguridad pública en México y sus efectos sobre los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos, especialmente en contextos de migración. Mientras tanto, las familias de los migrantes fallecidos exigen justicia, y la Fiscalía General de la República se ha comprometido a investigar los hechos y deslindar responsabilidades.

El gobierno federal ha prometido asistencia y apoyo a las familias afectadas, asegurando que colaborará en el esclarecimiento del caso.