El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 472 votos, una reforma al artículo 28 de la Constitución, con la cual el Estado retoma la facultad de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Esta modificación se envió al Senado para su revisión.

La reforma, parte del llamado "plan C" propuesto por la administración pasada, habilita al Ejecutivo federal para asignar concesiones a empresas públicas o privadas. Este paquete de reformas consta de 18 cambios constitucionales y dos modificaciones a leyes secundarias, de las cuales esta es la sexta en ser aprobada.

El debate incluyó advertencias de la oposición, que aunque votó a favor, pidió que se eviten daños ambientales como los denunciados en la construcción del Tren Maya. El diputado priista Arturo Yañez Cuéllar destacó que uno de los mayores desafíos será garantizar la seguridad de los pasajeros, y subrayó la necesidad de evitar el mal manejo de recursos que ha afectado proyectos anteriores, recordando que en el sexenio pasado se destinaron más de 500 millones de pesos en sobrecostos.

Por su parte, el diputado Hugo Manuel Luna Vázquez de Movimiento Ciudadano señaló que este proyecto debe contribuir al desarrollo de las comunidades más aisladas, al tiempo que se respete el medioambiente.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, recordó que el transporte ferroviario de pasajeros fue privatizado en los 90, dando prioridad al transporte de carga. Aseguró que esta reforma permitirá recuperar la capacidad jurídica del Estado para ofrecer un servicio ferroviario eficiente, como alternativa a la congestión vial.

El proyecto ferroviario contempla una primera fase con las rutas Querétaro–León–Aguascalientes, Querétaro–Guadalajara, San Luis Potosí–Monterrey–Nuevo Laredo, y Puebla–Veracruz. En una segunda etapa se incluirán los trayectos Colima–Guadalajara–Irapuato, Querétaro–Tepic–Mazatlán–Nogales, y Aguascalientes–Chihuahua–Ciudad Juárez.