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Segob determina que la alerta de género no es procedente en la entidad Especial

Gobierno estatal trabaja en la prevención de la violencia de género

Segob determina que la alerta de género no es procedente en la entidad
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Al señalar que el gobierno del estado de Puebla ha emprendido acciones relevantes para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, la Secretaría de Gobernación Federal (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), consideró que no es procedente declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en la entidad.

El Grupo de trabajo de Conavim determinó que Puebla realizó acciones suficientes para concluir que se encuentra implementando adecuadamente las propuestas contenidas en su informe de conclusiones. Entre las acciones destacan:
A) Se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar así como del Código Civil y del Penal.
B) Se publicó el Reglamento de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
C) Se implementó una política de Comunicación Social con perspectiva de género en las dependencias y entidades de los tres órdenes gobierno.
D) Se realizó una mesa de trabajo para la instalación del Observatorio de Medios.
E) Se rediseñó el Centro Estatal de Datos e Información de Casos de Violencia Contra las Mujeres (CEDA).
F) Se actualizó el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio en el Sistema Penal Acusatorio.
G) Se suscribió el Acuerdo para garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Educación Media Superior y Superior.
H) Se firmó el "Acuerdo para Garantizar el Derecho a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres del Sistema Educativo Poblano".
I) En la SSP se creó la Unidad de Atención Inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia” que brinda atención inmediata a través del #911.
J) El estado cuenta con un programa de capacitación continua de la NOM-046 en el sector salud.

La Conavim resaltó que además de dar continuidad a las labores emprendidas por el gobierno estatal, se deberán adoptar 8 medidas específicas que coadyuven a seguir impulsando políticas públicas para enfrentar la problemática y, en consecuencia, garantizar sus derechos, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia.
En este sentido, la administración que encabeza el gobernador Tony Gali se compromete a cumplir y dar seguimiento a las siguientes acciones:
1.- Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres.
2.- Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público.
3.- Generar mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección, como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los agresores, en aquellos casos en que las circunstancias particulares lo permitan.
4.- Monitorear, a través del Centro Estatal de Datos e Información (CEDA 2.0), las tendencias de la violencia contra las mujeres; además de realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes que permitan conocer sus características y patrones, para instrumentar políticas públicas efectivas.
5.- Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia basados en la perspectiva de género.
6.- Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones de mujeres, que permita identificar, entre otras, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad.
7.- Conformar un grupo - unidad especializada en la que se involucren las autoridades de procuración e impartición de justicia – encargada exclusivamente de revisar los expedientes y carpetas de investigación relacionadas con feminicidios, homicidios dolosos, desapariciones de mujeres y violencia sexual de los últimos 8 años.
8.- Fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las instituciones involucradas en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres. En particular, los Centros de Justicia y las agencias del ministerio público en aquellas zonas donde existen mayores índices de violencia.
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