¡Síguenos!A unos días de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, no hay un solo sentenciado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y su administración mantuvo el rechazo a crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.
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Enrique Peña Nieto prometió que habría justicia en el caso de la desaparición de 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa. Pero a unos días de concluir su gobierno, con la investigación de la PGR, no hay una sola sentencia condenatoria contra alguno de los responsables, y no hay certeza para los padres sobre lo que pasó con sus hijos, en un hecho que tuvo resonancia internacional y que marcó la administración del político priista.
Durante estos cuatro años, organismos internacionales como el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el llamado GIEI, y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han exhibido las fallas de la investigación de la Procuraduría General de la República para aclarar quién y por qué atacaron a los estudiantes de entre 17 y 25 años -el 26 de septiembre de 2014-, y qué fue de ellos.
Ese compendio de irregularidades, entre ellas la tortura contra detenidos, según documentó la Oficina de la ONU en México, la falta de imparcialidad de la PGR, y la precipitación del gobierno de Peña Nieto para tratar de dar “carpetazo” al asunto con la llamada “verdad histórica” -la versión de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula-, llevaron a que en este punto la investigación oficial se esté “cayendo judicialmente”, según defensores de derechos humanos.
Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, organización que ha dado asesoría legal a los padres de los normalistas, explicó en entrevista dos de las derrotas judiciales para la PGR y su “verdad histórica”, en lo que ha sido una “larga cadena” de desatinos.
Una de ellas se dio cuando una jueza dictó auto de libertad para cuatro personas señaladas como presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, que según la versión de la Procuraduría tuvieron un papel clave en la desaparición de los normalistas, incluso como autores materiales del crimen.
Entre el grupo de liberados están los hombres apodados el Jona, el Pato y el Chereje, cuyas declaraciones fueron usadas por la PGR, en ese entonces al mando de Jesús Murillo Karam, para sustentar la versión de que los normalistas murieron en una pira en Cocula, misma que a la postre fue descartada por los expertos del GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense, al no encontrar evidencia científica de ello.
El Jona, el Pato, el Chereje, y otro hombre identificado como el Wereke, habían sido señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y delincuencia organizada, pero ambas acusaciones “se cayeron”. La jueza, en su resolución, estableció que parte de las pruebas obtenidas contra ellos fueron ilegales, que hubo tortura para sacarles confesiones, y que existieron otras violaciones al debido proceso. Además, los testimonios se contradecían entre sí.
Otra resolución relevante para el caso se dio cuando un Tribunal Colegiado ordenó reponer la investigación sobre Ayotzinapa y que se establezca una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, integrada por representantes de las víctimas y la CNDH, como controles externos ante el trabajo del Ministerio Público.
Entre otros puntos, el Tribunal señaló que confesiones de detenidos fueron obtenidas con tortura, y que la PGR no actuó con imparcialidad ni autonomía, ya que no exploró a fondo las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal, por acción u omisión, en los hechos violentos contra los 43 jóvenes.
La PGR del gobierno de Peña Nieto presentó impugnaciones al considerar que solo el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar delitos, y no una Comisión para la Verdad como la que planteó el Tribunal. Esta discusión judicial llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá pronunciarse.
“El gobierno federal, contra esta orden de un tribunal colegiado, usó una ofensiva jurídica que incluyó la presentación de más de 200 recursos escritos y documentos legales”, dijo Aguirre, del Centro Prodh.
“Combatió más la creación de esta Comisión, que la liberación de los detenidos”, agregó en referencia a liberaciones como la de el Jona, el Pato, el Chereje y el Wereke.
Sobre las fallas en la investigación, Aguirre mencionó que el gobierno de Peña Nieto, por motivaciones políticas y para enfrentar el descontento social, tomó la decisión precipitada de que la PGR saliera a medios a decir que ya había aclarado el caso, sin tener un sustento.
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