¡Síguenos!La primera vez que se reunieron las trabajadoras del hogar para determinar cuáles debían ser sus funciones y sus derechos laborales fue en 1988 en la ciudad de Bogotá, Colombia. En ese congreso se instituyó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y se determinó el 30 de marzo como Día Internacional para reconocer y reivindicar este tipo de labor.
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Para el 2015, el INEGI registró que en la Ciudad de México 140 mil 492 personas trabajaban en labores domésticas de forma remunerada, el 92% de ellas eran mujeres y el 30% de ellas vivían en las delegaciones Iztapalapa y Álvaro Obregón. Estos números nos dan sólo una idea de la cantidad de trabajadoras en este sector que existen en nuestra ciudad, pero alcanzar una cifra confiable y verificable es difícil por la incipiente organización que existe entre las empleadas domésticas. La mayoría realiza estas labores por su cuenta, es decir, ofrecen sus servicios de forma informal y a voto de confianza.
Según datos recabados por la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, el salario promedio que reciben estas personas oscila entre 2 mil 501 y 5 mil pesos al mes. Es decir, poco más del salario mínimo establecido para México en 2018, que es de 2 mil 686 pesos mensuales. A esta condición precaria, hay que sumarle que normalmente estas trabajadoras no tienen seguridad social ni prestaciones (es decir, sus patrones no se hacen responsables de sus obligaciones como patrón). Sólo el 17% tiene acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 41% acude al Centro de Salud pública y el 21% paga consultas particulares en farmacias o establecimientos de bajo costo. Tampoco tienen prestaciones como vacaciones o aguinaldos, ni pueden acceder a préstamos para trabajadores. No pueden jubilarse ni pensionarse, dado que nadie lleva cuenta de su antigüedad laboral.
En todo el país, mínimo 2.3 millones de personas se dedican al trabajo doméstico (la cifra es equivalente al total de habitantes de Tabasco), por lo que se trata de un sector considerablemente grande en situación de vulnerabilidad. Al igual que en el caso de lo que sucede en el contexto capitalino, el 90% de estas trabajadoras son mujeres. Así que, esta precarización del trabajo es una forma particular de violencia de género.
Históricamente las labores del hogar, como limpiar, lavar, cocinar, planchar, acomodar, tareas de jardinería y realizar trabajos de cuidado y crianza, se han considerado como obligación natural de las mujeres. Sin embargo, esto no es así. Cada persona está obligada a vigilar por su supervivencia y bienestar, tanto propios como de sus dependientes. No importa si se trata de mujeres o de hombres, nadie tiene la obligación de brindar estos servicios de forma gratuita.
En 2016, se conformó el primer sindicato de trabajadoras y trabajadores del hogar en la historia de México (Sinactraho), que elaboró un contrato colectivo en el que se incluyen elementos como seguridad social, salario con base en horas laboradas, vacaciones y aguinaldo. El trámite de afiliación de un trabajador doméstico al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene que ser realizado por el empleador, que se compromete a pagar una cuota estimada conforme al salario real del empleado. La vigencia de la cobertura es de un año a partir de que se apruebe el trámite, siempre y cuando el trabajador no presente enfermedades preexistentes.
Como se ve, el respeto a los derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas depende tanto del Estado y su compromiso con la situación, como de los particulares involucrados (en especial, de los empleadores). Las condiciones para abolir este tipo de discriminación están sobre la mesa y este mes es un buen momento para empezar a participar activamente a resolver este problema.
