¡Síguenos!La muerte, su funesta posibilidad, es la permanente compañera de los errantes. El fallecimiento de 39 migrantes en un incendio en un albergue en Ciudad Juárez, Chihuahua, no solamente es muy triste, sino que es una tragedia de muchas dimensiones, pero también es un crimen que debe tener consecuencias para los responsables; algunos de hoy y otros por omisiones más añejas.
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Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, se alertó del énfasis policiaco que se imprimió al Instituto Nacional de Migración (INM).
Desde entonces, tiene más una tarea de contención del flujo migratorio que cruza por varias entidades, hacia Estados Unidos, que como custodio de los derechos humanos; lo que debiera ser.
La tragedia es responsabilidad de muchos, desde hace mucho tiempo, pero especialmente de los funcionarios que con torpeza y sin ninguna capacidad, ni capacitación, generaron la tragedia de Ciudad Juárez.
El gobierno Federal debe identificar las responsabilidades y llevar a los responsables a responder.
Es demencial suponer que a ningún custodio se le ocurrió abrir las puertas, cuando los migrantes, en su mayoría centroamericanos, y algunos venezolanos, incendiaron colchones en protesta porque habían recibido la información de que serían deportados.
Decenas de organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado, a lo largo de por lo menos tres décadas, que los albergues del Instituto Nacional de Migración no son adecuados para la atención de los migrantes.
No hay un trato digno, pero además no hay suficiente infraestructura para recibir al número de cientos de ellos y ellas, que llega cada mes.
Sobre todo las carencias y las limitaciones se vuelven un problema grave en las ciudades fronterizas.
Un cálculo conservador del propio instituto describe que alrededor de 350 mil migrantes cruzan el país cada año, para llegar a la frontera con Estados Unidos e intentar pasar en busca del sueño americano.
Por cierto que de esa cifra al menos 150 mil cruzan forzosamente por territorio poblano.
El enorme luchador social que fue el sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate, encargado de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Arquidiócesis de Puebla, conocía bien el fenómeno y también a esos caminantes que, desde Centroamérica o más abajo del gran continente, buscan llegar a la Unión Americana.
Él los bautizó como transmigrantes, porque precisamente sus pasos no buscaban a sentarse en nuestro país ni en nuestro Estado de Puebla, sino mucho más al norte.
El presidente de la república reconoció con tristeza y lamentó esta tremenda tragedia de 39 muertos en el incendio. Hay también tres decenas de heridos, algunos graves.
Junto con el duelo debe venir también la acción.
Los videos que circulan en las redes sociales son ilustrativos de la omisión y acción criminal que realizaron algunos funcionarios del INM.
Se advirtió tantas veces que una tragedia así podría ocurrir.
Debe haber sanciones rápidas. También debe haber una aprendizaje enorme.
Qué fácil a muchos se les llena la boca de adjetivos cuando condenan el trato de nuestros paisanos en Estados Unidos, pero qué mudos se quedan cuando en el suelo nacional se hacen a un lado los derechos humanos de ciudadanos de otros países.
