El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD inicio con un proceso para suspender de sus derechos partidistas al ala morenovallista que se encuentra al interior del Sol Azteca, reveló Socorro Quezada Tiempo.

En entrevista, la presidenta del  Comité Ejecutivo Estatal (CEE) señaló que el procedimiento implica a Jorge Benito Cruz Bermúdez, Carlos Martínez Amador, Miguel Ángel de la Rosa  Esparza, Arturo Loyola González y a Luis Maldonado Venegas, a quien identificó como el operador del gobernador Rafael Moreno Valle.

“Al interior del CEN están pidiendo la suspensión de derechos del ala morenovallista en Puebla, Jorge Cruz, Carlos Martínez, Julián Rendón, Arturo Loyola, Miguel Ángel de la Rosa, el diputado federal (…) Él (Luis Maldonado) es el operador (…) No voy a cortar las cabezas de nadie (…) sí podría proceder la suspensión porque están en desacato constante”.

Quezada Tiempo señaló que la Comisión Jurisdiccional del CEN del PRD es la instancia que resolverá la suspensión de los derechos partidistas de los miembros de Nueva Izquierda (NI) y el Foro Nuevo Sol  (FNS), corriente que impulsaron la alianza con el  PAN.

Aunque la perredista no informó quién presentó el procedimiento contra los morenovallista, confirmó que en caso de suspenderles sus derechos partidistas no tendrían posibilidad de ocupar un cargo en algún órgano partidista o ser postulados a algún proceso electoral.

Agregó que la sanción máxima que podría dárseles a los integrantes de NI y FNS es la expulsión del partido.

Cabe mencionar que desde diciembre de 2015, los perredistas afines a  Moreno Valle intentaron aprobar la política de alianzas amplias con el PAN, con lo cual se favorecería la postulación a la gubernatura de Antonio Gali Fayad.

Por otra parte convocaron a sesión del Consejo Estatal del PRD y publicaron una convocatoria para el registro de precandidatos a la gubernatura, proceso que invalidaron el CEN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

Cabe mencionar que Luis Maldonado Venegas, exsecretario General de Gobierno (SGG) promovió junto con sus colaboradores siete juicios ante el órgano jurisdiccional para controvertir la determinación de la dirigencia nacional de atraer la designación del candidato a Casa Puebla.