Al conocer la denuncia que interpuso el ayuntamiento panista de Cuautlancingo hacia funcionarios de Coronango por supuesto robo de maquinaria y obstrucción de obra pública, la Secretaria General del PRI, Rocío García Olmedo calificó de lamentable dicha acción "que pretende intimidar a la alcaldesa Mely Macoto Chapuli quien en su derecho de autonomía no permitió que invadiera Cuautlancingo una esfera territorial que no le corresponde al realizar sin permiso perforaciones para pozos de agua".

En rueda de prensa, con la presencia de la alcaldesa de Coronango, Mely Macoto Chapuli, García Olmedo puntualizó que se está integrando un expediente de los casos en los que alcaldes de extracción priista son amedrentados por autoridades emanadas del PAN.

Señaló que al menos en 82 ayuntamientos priistas hay situaciones similares a la presentada con Mely Macoto, donde coincidencialmente se integró rapidamente una averiguación previa que desencadenó en una orden de aprehensión.

La presidenta municipal de Coronango Mely Macoto precisó que el pasado 15 de marzo, la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Coronango clausuró los trabajos que se realizaban en la calle Las Flores y Periférico, en la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán en Coronango “luego de detectar que el SOSAPAC no contaba con los permisos correspondientes para la excavación, violando la territorialidad del Municipio.”

Posterior a la clausura, se recibió una llamada telefónica donde vecinos del lugar manifestaron obstrucción del camino, por lo que elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad acudieron, confirmando dicha situación y procediendo –de acuerdo a sus facultades- a retirar la maquinaria para liberar la circulación en vía pública.

Mely Macoto dijo que aproximadamente a las 17:15 horas del 15 de marzo, recibió una llamada del Delegado de la Dirección General de Gobierno del Estado de Puebla, Humberto Baltazar González quien le solicitó una reunión de conciliación a petición del propio Director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo, Fidel Romero Palacios a la que accedió respetuosamente. El funcionario estatal fijó la reunión para el día miércoles 16 de marzo a las 12 horas en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Coronango.

La reunión se realizó conforme a lo indicado y se acordó que los bienes materiales quedarían en resguardo del Ayuntamiento de Coronango y le serían entregados al momento de acreditar la propiedad; en tanto el SOSAPAC se comprometió a detener los trabajos, retirar la tubería y dejar la calle en las condiciones en que se encontraba antes de realizar sus maniobras, quedando dicho acuerdo por escrito y firmado.

A pesar de los resolutivos acordados, el director del SOSAPAC Fidel Romero Palacios acusó ante los medios de comunicación que “servidores públicos de Coronango impidieron la realización de las obras y que lo despojaron de la maquinaria”, poniendo en tela de juicio la envestidura y la fe que dan los funcionarios del Gobierno Estatal.

La alcaldesa consideró que las manifestaciones ante los representantes de los medios informativos, difiere en mucho con la realidad de los hechos ya expresados y sustentados, máxime que el funcionario municipal de Cuautlancingo refiere maliciosamente que le fue despojada maquinaria sin derecho, cuando sin derecho estaba alterando la infraestructura urbana del municipio de Coronango y, además que no puede manifestar obstrucción de obra alguna ya que no se encontraba en la esfera territorial que constitucionalmente le corresponde.

Por último enfatizó que Coronango es un Municipio donde se respeta la ley, por tanto, la actuación de sus funcionarios en todo momento fue apegada a la reglamentación municipal y de acuerdo a las facultades que la propia ley les confiere.

Ante ello exigió a los empleados municipales de Cuautlancingo conducirse con responsabilidad y seriedad en sus actuaciones, ya que manifiestan haber presentado denuncia radicada bajo el número AP 929/2016/SACHO. Por ello, Mely Macoto solicitó a las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia que actúen apegados al marco legal, a fin de no violentar el estado de derecho y las garantías individuales de los ciudadanos.