¡Síguenos!Por petición del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Universidad de las Américas Puebla realizó un estudio titulado “Impacto Fiscal por el uso y comercialización de software ilegal”, el cual dio como resultado relevante que la evasión fiscal asociada a esta práctica se estima en más de 2 mil millones de pesos entre 2009 y 2014, y que el 15 por ciento de los paquetes de software instalados en las empresas no tienen licencia.
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Durante la presentación de los resultados, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, agradeció al SAT y al Sistema de Procuraduría General de Justicia la confianza para trabajar en esta actividad. “Para nosotros como universidad es muy importante participar y ser activos de lo que debemos hacer y llevar a cabo para que nuestro país cada vez esté mejor”, afirmó.
Asimismo, comentó que el objetivo del estudio realizado por la UDLAP es la de determinar el valor del mercado ilegal derivado de la comercialización y uso de software específicamente en las empresas. “Lo que nosotros encontramos con este estudio es que el 32% de las empresas utilizan software ilegal, por lo que si nosotros no atacamos este problema y no hacemos que la persona que esté utilizando ilegalmente un software sea castigado y cumpla con sus obligaciones, el país cae en la impunidad”, afirmó.
El Dr. Juan Manuel San Martín, director de UDLAP Consultores destacó que entre los principales resultados encontrados con el estudio están:
32% de las empresas utilizan software ilegal.
El grado de ilegalidad es del 15% para el total del software instalado y el 40% para el total de esas empresas que se consideran como flagrantes.
El valor del mercado ilegal se estimó en poco más de 4 mil millones de pesos.
La evasión fiscal estimada en el periodo estudiado del 2009 al 2014, fue de más de 2 mil millones de pesos.
Cabe destacar que entre las recomendaciones que señala el estudio se encuentran: exigir a las empresas que prestan servicio al sector público o están relacionadas con él cuenten con licencias de sus programas, y que los prestadores del servicio de diseño y edición de software utilicen plataformas de software legal para trasladar a sus clientes las garantías y actualizaciones del mismo.
