El Senado de la República aprobó con 29 votos a favor y 10 en contra reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución, devolviendo el carácter de empresas públicas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La iniciativa establece que los particulares podrán participar en la industria eléctrica, pero sin prevalecer sobre las empresas del Estado.

El debate legislativo enfrentó a Morena y los partidos opositores. La senadora del PRI, Claudia Anaya, criticó la reforma por desalentar la inversión privada en el sector energético, al señalar que con esta medida los particulares dejarían de participar en la producción. “El Estado mexicano necesitaría cinco mil millones de dólares anuales para seguir creciendo”, dijo.

Desde Morena, la senadora Cecilia Guadiana defendió la reforma, subrayando el papel de la CFE en la reparación de infraestructura eléctrica durante desastres naturales, sin apoyo de empresas privadas. “Es un trabajo monumental que enfrenta en solitario la CFE”, aseguró.

El PAN, a través del senador Ricardo Anaya, cuestionó la reforma argumentando que el núcleo de la misma es limitar la participación privada en la generación de electricidad. “Ese es el verdadero objetivo de esta reforma, poner un límite a los privados”, apuntó.

Para Saúl Monreal, senador de Morena, la reforma es una respuesta al fracaso del proyecto neoliberal. “Lo único que trajo la reforma de 2013 es más pobreza y un millón sin energía eléctrica”, afirmó.

Por otro lado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, criticó que la reforma no considera la crisis climática ni el impacto en las futuras generaciones. “Ignora la crisis ambiental que enfrentamos”, sostuvo.

El dictamen aprobado precisa que no constituirán monopolios las funciones exclusivas del Estado en áreas como la generación de energía nuclear, el manejo de minerales radiactivos y la provisión de servicios de internet. Se busca preservar la seguridad y autosuficiencia energética, proporcionando electricidad a bajo costo para garantizar la soberanía nacional.