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INE aprueba presupuesto precautorio de 13 mil 205 millones para elección judicial
El Consejo General del INE aprobó por unanimidad un presupuesto precautorio de 13 mil 205 millones de pesos para una posible elección judicial en 2024. Este proceso electoral permanece suspendido debido a órdenes judiciales, en espera de la resolución de una acción de inconstitucionalidad, que se prevé se debata este martes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El INE señaló que el monto podría ajustarse de acuerdo con el fallo de la Corte. El presupuesto, que asciende a 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, supera en más de cinco mil millones de pesos la suma destinada a la elección federal de 2024, que es de aproximadamente ocho mil millones de pesos.
En la discusión, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena, pidió a las consejerías del INE considerar alternativas para reducir el costo del proceso, asegurando que se mantengan los estándares de calidad y confiabilidad. Por otro lado, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Víctor Hugo Sondón, defendió la necesidad de que el INE mantenga su autonomía y evite ceder a presiones externas, subrayando la importancia de actuar de manera "responsable y con firmeza" en la asignación de los recursos.
El diputado del PRI, Emilio Suárez Licona, cuestionó el alto costo del proceso, afirmando que la reforma judicial imponía una carga financiera de 13 mil millones de pesos que afectaría a los sectores más vulnerables. Suárez Licona afirmó que esta cantidad podría destinarse a construir 16 hospitales integrales, proporcionar 90 mil tratamientos de cáncer de mama, levantar 11 campus universitarios o abrir 153 preparatorias.
En respuesta a estas opiniones, el INE reiteró que el presupuesto aprobado responde a la necesidad de prever recursos suficientes en caso de que se valide el proceso electoral en la Corte. La institución enfatizó que su prioridad es asegurar la transparencia y la eficiencia de los procesos electorales que eventualmente se lleven a cabo, cumpliendo con los estándares requeridos por la ley.