Pobladores de San Martín Texmelucan pagaron 3 mil pesos cada quien para tramitar un crédito de 236 mil pesos ante la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). 

El representante de 11 de los afectados, Miguel Ángel Juárez García, denunció que el 5 de diciembre del 2014, la dependencia lanzó una convocatoria para invitar a comerciantes y dueños de negocios a tramitar un crédito ante la FND.

Detalló que al comenzar el trámite, Salvador Ruiz Cruz, director de Infraestructura y Vinculación MIPYME, les presentó a quien dijo llamarse Francisco Quintana Damián, representante y director general de Battaglia Enterpirese S.A. de C.V. (Consultoría y Gestora de Servicios Empresarial), quien sería el responsable de gestionar el crédito por el que se debían pagar 3 mil pesos. 

Juárez García agregó que los depósitos fueron hechos a nombre de esa empresa, que meses después se enteraron no tenía vinculación con la financiera. 

Explicó que los interesados realizaron los depósitos bajo la promesa de que recibirían en un plazo no mayor a 90 días, un préstamo de 45 mil UDIS, es decir 230 mil pesos, a pagarse en 5 años. 

Señaló que los meses trascurrieron sin tener información del proceso, por los afectados acudieron a la Dirección de Infraestructura y Vinculación PYME para obtener una respuesta de Salvador Ruíz, a quien le recordaron que también entregaron documentación como títulos de propiedad, clabes interbancarias, números de cuenta. Entonces la única respuesta que obtuvieron fue que el crédito seguía en trámite. 

Al sospechar, la gente visitó la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, que les confirmó que la oficina municipal no había tenido contacto con ellos. 

Tras confirmar que fueron engañados, las víctimas enviaron oficios a los gobiernos federal, estatal y municipal en busca de ayuda y para pedir una sanción contra los responsables de ofrecer los créditos. 

Miguel Ángel Juárez García acusó que han sido objeto de amenazas e intimidaciones de parte de Óscar Morales, quien labora en la Dirección de Infraestructura y Vinculación MIPYME, quien mediante mensajes y llamadas les dijo que no podían afectarlos porque son del ayuntamiento. 

Por lo anterior, 11 de las 21 personas que tienen el problema exigieron la intervención del edil Rafael Núñez Ramírez para castigar a los servidores públicos. Además anunciaron que interpondrán una denuncia ante el Ministerio Público.